El magistrado presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Acosta Molina, informó que al inicio de la actual administración se heredaron alrededor de 100 denuncias, las cuales han disminuido parcialmente conforme avanzan las investigaciones.
Detalló que de manera mensual se presentan entre 60 y 80 denuncias en contra del personal que labora en el Poder Judicial, institución que cuenta con aproximadamente 4 mil 500 trabajadores. Precisó que las quejas no se dirigen exclusivamente contra jueces y magistrados, sino que en diversas ocasiones involucran a otros empleados.
Explicó que el área a su cargo se encarga de investigar tanto faltas administrativas graves como no graves. Para acreditar una presunta responsabilidad es necesario recabar pruebas, solicitar informes y realizar entrevistas, procesos que pueden desarrollarse en un periodo que va desde un mes hasta más de seis meses, dependiendo de la complejidad del caso.
Acosta Molina señaló que el Tribunal de Disciplina enfrenta una limitación establecida en la Ley Orgánica, la cual prohíbe emitir opiniones públicas sobre asuntos en cualquier etapa del procedimiento, ya que ello podría interpretarse como un prejuzgamiento y derivar en una falta grave.
En cuanto a los tiempos de resolución, indicó que no existe un plazo fijo, pues cada expediente se analiza de manera particular. En algunos casos, con seis diligencias es posible determinar si existe o no una presunta responsabilidad.
Finalmente, reiteró que está legalmente impedido para proporcionar avances relacionados con los casos que llegan al Tribunal de Disciplina. La información únicamente puede compartirse cuando existe un denunciante dentro del procedimiento.